Jueves, 19 de Julio de 2018
La ley de eutanasia supera la primera votación en el Congreso

El Pleno del Congreso de los Diputados del pasado día 26 de junio aprobó la tramitación de la proposición de ley de regulación de la eutanasia, impulsada por el Partido Socialista con el apoyo de todos los grupos parlamentarios a excepción del PP, según informan en el diario 

De esta forma, de acuerdo con lo expuesto por el propio Parlamento en una nota de prensa, el principal propósito que se persigue con esta iniciativa legislativa es normalizar el derecho de las personas «a solicitar y recibir ayuda para morir» cuando se den las circunstancias que contempla esta ley, que estipula, asimismo, las garantías y los procedimientos que se deben seguir.

En este sentido, informan desde dicho organismo, los requisitos que se han de cumplir para poder acogerse a esta regulación pasan por padecer una enfermedad grave o discapacidad grave crónica, ser mayor de edad, tener la nacionalidad española o residir legalmente en el país, estar consciente al realizar la solicitud y contar con información sobre todo el proceso, las alternativas y las posibilidades, entre otros; además, el documento de petición deberá formalizarse voluntariamente y reiterarse, al menos, en una ocasión con una alternancia de quince días naturales entre ambas.

Por otra parte, el nuevo marco legal en trámite, que aún está pendiente de su paso por la comisión correspondiente, en la que se procederá a debatir y valorar enmiendas para la elaboración del dictamen antes de ser transferido al Senado, establece las funciones y el ámbito de actuación de los profesionales sanitarios, así como las obligaciones de las instituciones y administraciones competentes, que atiendan a las personas solicitantes de esta medida.

La normativa sobre la regulación de la eutanasia estipula que esta esté incluida como un servicio más de la cartera del Sistema Nacional de Salud, y contará con financiación pública aun cuando el procedimiento se lleve a cabo en el domicilio del paciente; además, contempla la creación de una Comisión de Control y Evaluación en las comunidades autónomas, que serán puestas en marcha por los gobiernos regionales.