"Es un movimiento carente de normativa y de competencias propias. Y a pesar de tener un ánimo de lucro reconocido públicamente por los representantes farmacéuticos en numerosos foros, ha encontrado la complicidad de algunas comunidades autónomas y partidos políticos que están potenciando de forma irresponsable actuaciones que suponen una privatización encubierta de la sanidad pública", han criticado.

Los enfermeros critican que Madrid, Comunidad Valenciana, País Vasco, Murcia, Castilla-La Mancha y Galicia están ya dando "pasos importantes" para sacar del sistema público el seguimiento y control de pacientes crónicos y polimedicados para ponerlo en manos de las farmacias, con diferentes proyectos piloto que barajan medidas como el acceso a la historia clínica del paciente o la revisión de los botiquines domésticos.

"Respetamos el importante papel de los farmacéuticos en la dispensación de medicamentos al ciudadano, pero no podemos tolerar que desde las administraciones públicas se privaticen prestaciones sanitarias que deben seguir siendo públicas y gratuitas", según ha defendido el presidente del Consejo, Florentino Pérez Raya.